lunes, 28 de julio de 2014

PACTO EDUCATIVO
 

Los acuerdos y compromisos asumidos en este Pacto son de distinta naturaleza. Algunos implican políticas públicas concretas y reformas legislativas; otros exigen dedicar mayores esfuerzos públicos y privados; y otros promueven cambios de paradigmas en nuestro accionar cotidiano personal y colectivo. No obstante, todos están orientados a alcanzar una educación que permita a todas y todos los dominicanos desarrollar al máximo su potencial como personas y como integrantes de un colectivo social que reconocen y al que se integran con libertad para vivir en igualdad de oportunidades.
Por lo cual, concertamos este Pacto sobre las siguientes bases:
La educación es el medio más idóneo para la cohesión social de la Nación dominicana, por lo cual estamos dispuestos a poner el interés colectivo supremo por encima de los intereses individuales y sectoriales, a fin de garantizar el derecho fundamental de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos a recibir una educación de calidad, conforme a lo consagrado en la Constitución de la República Dominicana.
Las políticas educativas deben constituirse en políticas de Estado, por lo que este Pacto tendrá plena vigencia hasta el año 2030, sin importar las variaciones o

cambios políticos que pudieran producirse en este lapso de tiempo. Se entiende que los cambios y ajustes que deban introducirse a lo pactado deberán ser realizados mediante un proceso plural, colectivo y de amplia participación como el que sustenta el presente Pacto, a fin de garantizar su legitimidad.
 La plena vigencia del Estado de Derecho supone que cada uno de nosotros reconoce los derechos y obligaciones derivados del marco normativo existente en la República Dominicana. En tal sentido, el Estado dominicano y sus instituciones de gobierno son la autoridad legítima para cumplir y hacer cumplir la ley en todos sus términos, incluyendo un régimen de consecuencias para la inobservancia de la misma, conforme al debido proceso. En el ámbito educativo, esto implica aceptar la aplicación de sanciones ante eventuales incumplimientos de las normas vigente.



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